Según dijo Robert Green Ingersoll, político y militar estadounidense, “en la vida no hay ni premios ni castigos, sino consecuencias”. De acuerdo con esta afirmación la situación sociopolítica que estamos viviendo en Cataluña, es la consecuencia de una serie de acciones y omisiones que, instrumentadas de una forma determinada, hacen qué una parte muy amplia de la ciudadanía interprete la independencia como la solución a todos los problemas.
Una crisis que recorta las alas económicas, una sentencia, miope en términos políticos y estrecha en el aspecto jurídico, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto emitida en julio de 2010 unido a la vocación re centralizadora e intervencionista del Gobierno del PP ante las demandas y necesidades de Cataluña, son los tres factores centrales, aunque no los únicos, para que la sociedad, eso si, debidamente teledirigida (la utilización que se ha hecho de los medios públicos de comunicación ha sido monumental) se lanzara a la calle de forma masiva el pasado día 11 para pedir la independencia. Aunque si bien es cierto que dentro de la manifestación había muchas sensibilidades y muchas manifestaciones, el lema era netamente inequívoco: “Catalunya, nou Estat d’Europa”, y querer negar algo tan evidente, sencillamente es faltar a la verdad.
Ahora, después de la resaca del 11-S, aunque parezca una contradicción, quien tiene un problema, por si tenía pocos, es Artur Mas y CiU, por extensión, ya que se han visto desbordados por la fuerza del independentismo. No obstante, es el presidente y su coalición gubernamental los mejor colocados para recoger los frutos de esa fuerza popular.
Para empezar, los nacionalistas catalanes deberán cambiar de pareja en el Parlament. Hasta ahora como escribe el periodista Enric Company, el sostén parlamentario de este Gobierno son los diputados del partido popular (PP) que presume de su nacionalismo españolista y eso da a la política catalana un punto de surrealismo muy celtibérico. Por su parte, Alicia Sánchez Camacho ya ha anunciado que retiraría el soporte a CiU de persistir en su deriva soberanista. Por tanto, Artur Mas deberá buscar otras compañías y éstas, por razones aritméticas y de proyecto, no pueden ser otras que ERC. Y los republicanos, si no se arrugan, pedirán a cambio de sus votos cuatro cosas nada fáciles de cumplir para CiU, que son: creación de la hacienda propia, no más recortes, recuperación del impuesto de sucesiones en le tramo más alto y transparencia democrática.
Pero eso, será tan sólo una pequeña degustación -y no la más amarga- del largo trago que deberán metabolizar los nacionalistas catalanes si quieren iniciar su camino a Ítaca. Después vendrá la materialización del rescate que el Conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas Colell, ha pedido a España (más de 5.000millonee de euros) y eso significa, se quiera o no, pérdida de soberanía. Según el escritor y filósofo Josep Ramoneda eso significará un control estricto de la política económica catalana por parte del Gobierno Central. Nadie da sin algo a cambio.
De manera prácticamente simultánea, Artur Mas deberá ir a Madrid para presentar a Rajoy su propuesta de pacto fiscal y no parece que éste esté por aceptar un pacto en el que no cree y para el que no hay dinero, pero es que además el sistema de financiación de las CCAA se ha de revisar en 2014. En consecuencia, es razonable pensar que el presidente del gobierno le dé largas. A la vuelta del viaje a la capital del reino se deberá enfrentar a las resoluciones que los partidos independentistas presentarán –como ya han anunciado- en el debate sobre la situación política que se celebrará a fínales de septiembre y que, como es lógico, serán netamente pro secesionistas,
Con este paisaje de fondo y la capacidad de movimiento cada vez más limitada, es muy plausible pensar que el presidente convoque elecciones en primavera, convirtiendo la cita en un plebiscito.
Entonces será el momento para explicar que si Cataluña declara su independencia quedará fuera de la UE. En ese caso habría que solicitar la adhesión y seguir las pautas establecidas en los tratados, lo que supone esperar entre 5 y 10 años y luego el acuerdo unánime de los socios para lograr el ingreso. Mientras tanto, aquí no recibiríamos ni un euro de los fondos de cohesión y los productos catalanes serían grabados con aranceles por los otros países. Total, un panorama tremendamente halagüeño y prometedor.
Llegados a este punto, las palabras del profesor José Luís Álvarez adquieren más sentido que nunca, cuando dice: “La independencia sí sería relevante hacia dentro de Cataluña, un país que puede ser pequeño pero que genera, admirablemente, un enorme valor añadido, económico, social y cultural. F. Millet, el destacado miembro de la burguesía barcelonesa implicado en el affaire del Palau, declaró, ya famosamente, que en Cataluña los que mandan son unos cuatrocientos, que se encuentran en los mismos sitios, que son como una familia, parientes o no. La independencia consolidaría definitivamente la hegemonía de esta élite tradicional. No sólo de ella. También la de las clases medias afiliadas a la misma, a las que pertenecen los miles de cargos y políticos de la Generalitat catalanista, y los miles de consultores, proveedores y empresarios que viven directa o indirectamente de la administración autonómica. Lo que se juega con la petición de pacto fiscal-y-si-no independencia es, además de una de las posibles soluciones a los problemas económicos de Cataluña, el grado de monopolio que, en la globalización, éstas clases tendrán sobre la captura de ese valor añadido”.
Quizás es eso y no nos habíamos enterado.
Bernardo Fernández
Publicado en la Voz de Barcelona 13/09/12
